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Transposición de la Directiva 2014/67/UE

Las recientes novedades en materia de obligaciones en relación a los trabajadores desplazados en el marco de la realización de una prestación de servicios transnacional tienen causa en la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que garantiza el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE.

El establecimiento de una mayor regulación en esta materia está motivado por la garantía de tres principios fundamentales de la Unión Europea: libertad de circulación de los trabajadores, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios.

Esta regulación se transpone a través del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo y está contenida en su Título IV (artículos 6 y 7). El artículo 6 del citado Real Decreto-ley modifica la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, mientras que el artículo 7 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional

La Ley 45/1999 persigue fijar las condiciones mínimas de trabajo que los empresarios deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, y que hayan sido desplazados por empresas establecidas en un Estado Miembro de la Unión Europea o Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (AEEE).

Algunas de las novedades que se introducen en esta Ley son:

  • Posibilidad de realizar por medios electrónicos la comunicación a la autoridad laboral española (se habilitará un registro electrónico central, para cuyo establecimiento efectivo se establece el plazo de seis meses).
  • A los datos que debe contener la comunicación se debe añadir la designación de una persona física o jurídica que actúe como enlace entre las autoridades españolas y el envío y recepción de documentos o notificaciones, así como  una persona que represente a la empresas en procedimientos de información y consulta de los trabajadores desplazados, y negociación.
  • Disponer en el centro de trabajo de los contratos de trabajo o equivalentes, recibos de salarios y comprobantes de su pago, registros de jornada diaria y autorizaciones para trabajar de nacionales de terceros países.
  • Para los incumplimientos de la Ley, se remite expresamente al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
  • Para comprobar que el desplazamiento reúne todos las condiciones previstas y si realmente se trata de trabajadores desplazados, se establece la realización de una evaluación global de elementos fácticos por parte de las autoridades competentes.
  • Se refuerza la cooperación y asistencia con Administraciones públicas de otros Estados en materia de información y se reconocen los principios de reconocimiento y asistencia mutuos respecto a la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones y multas por incumplimiento de las normas en esta materia.

Aunque, como hemos señalado, esta Ley se aplica a empresas de otros Estados Miembros o del AEEE que trasladan temporalmente a sus trabajadores a España, su Disposición Adicional Primera se ocupa de señalar que en el supuesto inverso, es decir, empresas españolas que desplazan a sus trabajadores a otro Estado Miembro o del AEEE, dichas empresas deberán cumplir con la normativa del lugar de desplazamiento de transposición de la Directiva 96/71/CE, constituyendo su incumplimiento infracciones administrativas tipificadas y sancionadas según la legislación laboral española. Para solicitar información sobre la normativa del país de desplazamiento, los interesados pueden consultarlo con los órganos competentes en materia de información de tales Estados o bien con los de la Administración laboral española, que dará traslado a los primeros y pondrá la información en conocimiento del solicitante.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)

Como consecuencia de las novedades en esta materia, se producen también algunas modificaciones en la LISOS, ampliando la responsabilidad de las empresas en esta materia, que ahora comprende todas las obligaciones establecidas en la normativa que regula el desplazamiento a España de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Se añaden infracciones leves, graves y la falsedad u ocultación de datos de la comunicación pasa de ser infracción grave a muy grave.

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