maletin_dolares_crop1464377170155.jpg_1913337537

La creciente problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha motivado que cada vez se impongan más medidas a determinados sujetos “de riesgo” para prevenir estos delitos. y se ponga mayor atención en ciertas actividades “sospechosas”. La preocupación en torno a esta materia propició la creación, a nivel internacional, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas recomendaciones representan un estándar internacional en esta materia. La primera directiva comunitaria que reguló la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales fue la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991. Sin embargo, el delito ha ganado popularidad en los últimos años. En España su regulación viene dada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (transposición de la Directiva 2005/60/CE), que fue modificada en 2013 por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La Ley 10/2010 es desarrollada por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que incorpora las novedades en materia internacional. Asimismo, el delito de blanqueo de capitales se encuentra tipificado en los artículos 301 a 303 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Antes señalar qué sujetos están obligados a cumplir determinadas obligaciones en relación a la prevención del blanqueo de capitales, la Ley 10/2010 concreta qué actividades se consideran blanqueo de capitales:

 
  • La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
  • La ocultación o encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
  • La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
  • La participación en alguna de las actividades anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.
 

Bestechung

Los sujetos obligados

El artículo 2 de la Ley 10/2010 fija un amplio catálogo de sujetos a los que les será de aplicación la Ley. A continuación realizamos una síntesis de estos sujetos obligados:

  1. Entidades financieras (son las comprendidas en las letras a) a i), entre las cuales están las entidades de crédito, aseguradoras y corredores de seguros, empresas de servicios de inversión, entidades gestoras de fondos de pensiones…).
  2. Servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
  3. Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
  4. Promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
  5. Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  6. Notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
  7. Abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
  8. Quienes presten servicios a terceros consistentes en constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares, entre otras.
  9. Casinos de juego.
  10. Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, o con objetos de arte o antigüedades.
  11. Personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
  12. Personas dedicadas a actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  13. Loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
  14. Personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
  15. Personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38, siempre que cumplan unos requisitos.
  16. Fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
  17. Gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

Como podemos ver, la lista de sujetos obligados es bastante extensa, por lo que el primer paso es preguntarnos si estamos incluidos en ella para, posteriormente, determinar qué obligaciones de la Ley debemos cumplir, pues varían de unos sujetos a otros y según se cumplan o no ciertas condiciones que establece la Ley. En términos generales, las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales se clasifican en cuatro bloques: obligaciones de diligencia debida, obligaciones de información, obligaciones de control interno y obligaciones respecto a los medios de pago.

Todas estas obligaciones engloban distintas acciones que deben llevar a cabo los sujetos mencionados, pero es muy importante tener presente que no existe un modelo general para aplicar las medidas, sino que los planes de prevención del blanqueo de capitales deben adaptarse a los particulares riesgos y características de cada organización. 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.