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Una solución extrajudicial

Se ha publicado el borrador del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que establece un procedimiento extrajudicial dirigido exclusivamente a facilitar acuerdos entre los consumidores afectados por cláusulas suelo en las hipotecas y las entidades bancarias que en su día se las impusieron.

¿Motivos que han llevado a tomar esta medida de extraordinaria y urgente necesidad?

En el propio borrador se declara que es previsible que el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suponga el incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo. En otras palabras, se prevé un colapso de los juzgados civiles, lo que se justifica en el borrador diciendo que supondrá un elevado coste a la Administración de Justicia por cada pleito y un impacto perjudicial para su funcionamiento en forma de incremento sustancial del tiempo de duración de los procedimientos.

Otro de los motivos expresados es el de ofrecer a los consumidores  un instrumento que les permita obtener una rápida respuesta a sus reclamaciones, sin la necesidad de tener que pasar por un procedimiento judicial.

En definitiva, se habla de favorecer principalmente al consumidor y colateralmente a la Administración de Justicia, sin reflejar el motivo latente de ayudar a las entidades bancarias, a las que se brinda la oportunidad de poder llegar a un acuerdo con sus clientes, sin tener que pasar por un procedimiento judicial y sin tener que abonar costas, lo más probable tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual deja bastante clara su posición.

¿En que consiste esta solución?

  • El procedimiento extrajudicial que se prevé es voluntario para el consumidor y obligatorio para la entidad bancaria, esto es, el consumidor no está obligado, si no lo desea, a someterse a este procedimiento extrajudicial, pudiendo acudir directamente a los tribunales.
  • Su desarrollo consistiría en que el que el cliente presenta reclamación previa ante la entidad bancaria, a la que la esta debe contestar bien con un cálculo de las cantidades que considera que deben ser devueltas, con intereses, bien detallando las razones por las que considera que no es procedente dicha devolución. En este último caso, se pone fin al procedimiento extrajudicial y al consumidor le queda la opción de acudir a la vía judicial.
  • En caso de que el consumidor esté de acuerdo con el cálculo de la devolución, se procederá a la devolución de las cantidades (se establece un plazo de tres meses para ello), pero también se contempla la posibilidad de pactar otra medida de compensación alternativa a la devolución en efectivo.
  • El plazo máximo establecido para llegar a un acuerdo es de 3 meses desde la presentación de la reclamación previa por parte del consumidor. Si en estos 3 meses no se ha alcanzado un acuerdo o no se ha obtenido contestación por parte de la entidad bancaria, se entiende finalizado el procedimiento extrajudicial y se puede acudir a la vía judicial.
  • Respecto de los afectados por esta situación que ya se encuentren en un proceso judicial en curso, se da la posibilidad de someterse voluntariamente a esta vía extrajudicial, si lo prefieren, en cuyo caso quedara en suspenso el proceso judicial.

¿Solución efectiva?

No podemos determinar a estas alturas si esta solución extrajudicial tendrá efectividad en la práctica, si los numerosos consumidores afectados tendrán realmente una rápida “respuesta” en este procedimiento que teóricamente parece tan sencillo. Lo que es una cuestión clara es que la balanza está inclinada hacia el lado del consumidor y que, ya sea por esta vía o acudiendo a la vía judicial como primera o segunda opción, deben reclamar las cantidades que les pertenecen.

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